Los criterios de adjudicación pública, principal preocupación

En este documento, AEESDAP hace balance de las actuaciones llevadas a cabo durante el año 2023 en materia de detección y actuación frente a irregularidades en procedimientos de licitación del sector.

La entidad recibió el pasado año 82 consultas de empresas asociadas relacionadas con supuestas irregularidades detectadas en la configuración de licitaciones del sector, tanto en contratos de prestación de servicios como de concesión, por un valor estimado (VE) total de 106,5 millones de euros, lo que supone un descenso sobre los datos del año 2022 donde llegaron a revisar un total de 110 expedientes por un VE aproximado de 158,6 millones de euros.

Yago Monteoliva, gerente de AEESDAP, señala que “es difícil obtener una lectura clara que nos permitan valorar estas cifras. AEESDAP sigue creciendo y sumando nuevos asociados lo cual debería conllevar una mayor capacidad de detección. También es cierto que las administraciones evolucionan, y durante cuatro años hemos contactado con muchísimas entidades que ahora aplican mejor la LCSP. Además, se han llevado a cabo muchas acciones, tanto por iniciativa propia como en colaboración con otras entidades, donde se ha hecho un esfuerzo enorme por tratar de aportar conocimiento y herramientas a las áreas técnicas deportivas públicas para ayudarles en su complicada labor. De una manera u otra existe una mayor conciencia de la importancia de licitar mejor, lo cual es súper positivo”.

Desde la Asociación se muestran, un año más, satisfechos con los resultados obtenidos. En 2023 el porcentaje de incidencias resueltas satisfactoriamente alcanzó el 82%, ligeramente superior al de 2022 (80%). No obstante, el número de recursos representados (especiales y de reposición) aumentó considerablemente (16 en 2022 y 30 en 2023).

Monteoliva indica que “nuestro modus operandi sigue siendo el mismo. Una vez estudiada la documentación publicada y en caso de que se detecten aspectos que entendemos son contrarios a norma o jurisprudencia, llamamos por teléfono, explicamos lo que hemos visto, enviamos un email o presentamos apreciaciones por registro y nos ponemos a disposición de las entidades para cualquier tipo de aclaración al respecto con el ánimo de no tener que llegar al recurso. Lo ocurrido este año ha sido cuanto menos curioso. Hemos doblado en número de recursos presentados pero lo cierto es que en muchos casos el recurso no se ha resuelto porque el órgano de contratación desistía de la licitación inmediatamente tras recibir noticias del Tribunal. No obstante, seguimos teniendo una tasa de éxito sobre resoluciones del 90%”.

En cuanto a los aspectos detectados, los errores en la configuración de los criterios de adjudicación siguen siendo mayoritarios, aunque han mutado. También se han detectado errores en la configuración de los criterios de solvencia y las condiciones especiales de ejecución, así como un incremento en el uso indebido de cláusulas de arraigo territorial y errores a la hora de desglosar presupuesto o configurar los contratos como sujetos a regulación armonizada (SARA).

El gerente comenta que  “seguimos detectando muchos errores relativos a los criterios de adjudicación. El error más común durante estos últimos años ha sido establecer una ponderación superior al 49% en el criterio precio, lo cual sigue sucediendo, pero cada vez menos. Siguen persistiendo los errores a la hora de configurar criterios subjetivos, fundamentalmente por falta de definición de las reglas de valoración, o se usan criterios que no guardan relación con el objeto de contrato o no comportan una mejora de las prestaciones del contrato, dos de los requisitos sustantivos que obligatoriamente deben cumplir. Por otro lado, hemos detectado muchos errores a la hora de incluir pólizas de seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales como criterio de solvencia económica o como criterio de adjudicación, ambos usos completamente rechazados por los Tribunales. También se comenten errores a la hora de determinar si un contrato es SARA no. Los servicios deportivos y de socorrismo son servicios especiales del anexo IV y, por tanto, el umbral sobre VE para su consideración se encuentra en los 750.000,00 euros. Muchas entidades están licitando contratos SARA cuando no lo son, por lo que los tiempos de licitación se alargan innecesariamente. Por último, hemos visto un incremento en el uso indebido de las denominadas cláusulas de arraigo territorial, tanto en forma de compromiso de adscripción de medios, como obligación contractual o como criterio de adjudicación. Estas cláusulas son, hoy en día, muy complicadas de justificar y los Tribunales son muy recelosos ante su inclusión debido principalmente a sus efectos sobre la concurrencia y el trato no discriminatorio a los licitadores. Por último, un error muy común en los contratos de concesión de servicios es utilizar el procedimiento abierto en lugar del procedimiento restringido, de obligado uso al ser servicios especiales del anexo IV”.

En la misma línea, la configuración y desglose del presupuesto, así como la correcta estimación de los costes laborales siguen siendo en muchos casos un verdadero reto para las administraciones. El fin de la negociación y publicación del V Convenio Estatal de Instalaciones Deportivas y Gimnasios (incluida la previa publicación del acuerdo parcial sobre el IV Convenio Estatal), la existencia de otros convenios en negociación, la discontinua/no programada/no conocida evolución del SMI durante 2023 y la falta de claridad en los datos incluidos en muchas tablas de subrogación han supuesto un auténtico hándicap a la hora de poder estimar costes en los contratos. Muchos contratos se han librado de tener que desistir del proceso de licitación porque han calculado los presupuestos con cierto margen para poder absorber posibles desviaciones provocadas por la evolución normativa, estrategia altamente recomendada por la Asociación dada la importante incertidumbre y constante evolución que opera a nivel laboral en nuestro país desde hace varios años.

Como nota positiva y al margen de las ya comentadas, AEESDAP señala que existe todavía mucho margen de mejora: “Si bien detectamos claramente una evolución positiva, es importante señalar que existe aún mucho margen de mejora en cómo se configuran las licitaciones. Se pueden sacar mejores licitaciones, más seguras, más estratégicas, donde el importe del precio del contrato suponga realmente una inversión (y no un gasto) y donde se obtenga mucho más valor. Seguimos obsesionados con ahorrar en precio en lugar de maximizar valor. Se recurre al sector privado como experto en la materia y luego se le obliga a competir en precio casi de manera obsesiva y exclusiva, sin margen para que demuestren capacidad de gestión, calidad o innovación. Hay margen para comprar mejor. Hay que mejorar cualitativamente a la hora de construir los criterios de adjudicación y sacar rendimiento a las condiciones especiales de ejecución. No tiene sentido construir un sector donde se compite fundamentalmente en precio cuando el 85% de la cuenta de resultados son costes laborales e idénticos para todas las empresas y donde hay poca capacidad para hacer un seguimiento del contrato en este sentido. Se está desincentivando la calidad. Lo barato sale caro, o muy caro. Este año hemos tenido ejemplos terribles”.

Como consecuencia de lo anterior y de otros aspectos críticos para el sector como son la revisión de precios en los contratos públicos, el constante escenario de alta incertidumbre y riesgo y los escasos márgenes de rendimiento en los contratos, no pocas empresas están valorando seriamente abandonar el sector y/o migrar a otros más estables y/o con mejores márgenes.

El directivo afirma que “es un runrún que venimos escuchando desde hace unos años, pero que ahora suena con mayor frecuencia y volumen. Las cuentas no salen. Los riesgos superan al margen casi siempre, y si decides no arriesgar tanto (en precio) y apostar por diferenciarte en calidad/gestión/innovación, no ganas concursos. Es normal no verle color a esta dinámica. Cuando hablamos de colaboración público-privada muchas veces pensamos en grandes empresas que facturan millones y que pueden jugar a volumen con escasos márgenes. España es un país de pymes y el sector deportivo no es la excepción. Cuando a una pyme no le salen los números en un par de contratos o cambia de juego o desaparece. No hay otras alternativas. Y aunque no sean pyme, las empresas están para ganar dinero en sus operaciones. Nunca fue un sector con márgenes enormes, pero ahora es que casi ni hay. A nivel personal desde hace tiempo vengo pensando que en los contratos de servicios deportivos (y otros sectores intensivos en personas) el riesgo y ventura no existe, solo el riesgo. La probabilidad de que te pasen cosas buenas en un contrato se reduce a que no te pase nada malo. Igual habría que darle una pensada al concepto”.