La Audiencia Provincial valida al agente único en controles de dopaje

Según una noticia publicada en Marca por Gerardo Riquelme, en dicho escrito que responde a una apelación de la crossfitera Elia Navarro, sancionada por cuatro años tras dar positivo por EPO en diciembre de 2018, la sala resuelve aludiendo a la Ley Orgánica de 2013, artículo 39, apartado 5d, que “cualquier contravención de una norma aplicable en los procedimientos de control del dopaje que no sea causa directa de un resultado analítico adverso o de otra infracción, no determinará la invalidez del resultado”, sin importarle el número de controladores presente, algo que, no obstante, lo califica de “irregularidad o anomalía detectada”.

A pesar de la insistencia de la deportista y su abogado, la sala desestimó el recurso como ya lo había hecho el Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid.

El hecho es importante pues justificaría las acciones de la CELAD en una práctica que, por diversos motivos, se ha realizado en algunas ocasiones con un solo agente desde, al menos 2013, cuando dirigía la Agencia Ana Muñoz, y llegó hasta 2022.

Según fuentes, además, en el contrato firmado con la empresa PWC, responsable de la realización de los mismos, no se especificó el número de agentes que debían llevar a cabo el control, sólo que atendiese a ley, lo que, de ser cierto, eximiría de todos los cargos de malversación de fondos a los responsables.

La presencia de un solo agente de control está validada por todos los países del mundo y la Agencia Mundial Antidopaje, aunque la difusa redacción del artículo 79.1 del Real Decreto de 2009, que habla de “podrá haber al menos un segundo agente de control...”, y no “deberá haber” se abre a interpretaciones jurídicas.

Una de ellas, en 2022, fue la de la Audiencia Nacional, que en una sentencia citó de soslayo la necesidad de que hubiera dos agentes, algo que hizo que la CELAD extremase la vigilancia sobre esta tarea, dejando de pagar 16 controles que no se realizaron en las condiciones a las que se refirió el juez.

Esta sentencia de la Audiencia Provincial en la que se pedía una causa penal tanto a José Luis Terreros como a Jesús Muñoz-Guerra, el responsable de los controles, ha sido presentada ante el Consejo Rector que se ha reunido este viernes, 26 de enero. Una reunión en la que José Luis Terreros ha sido sustituido por Silvia Calzón, exsecretaria de Estado de Sanidad.