Ciudadanos lleva a la Asamblea la regulación profesional del deporte

El objetivo es que todo el apartado sancionador quede pendiente de su aprobación en un desarrollo reglamentario posterior de la norma. La ley tendría un periodo transitorio de cinco años. Roberto Núñez, portavoz de Deportes de Ciudadanos, afirma: "Queremos que todos esos profesionales que se dedican a ello demuestren tener la preparación necesaria para garantizar que saben lo que hacen y, además, evitar el intrusismo y las malas prácticas. Hemos querido ser muy integradores y evitar conflictos. Damos el tiempo suficiente para que los profesionales que carecen de la titulación necesaria de su actividad la obtengan".

Salvando las distancias, se trata de hacer algo parecido a lo que ocurrió con la seguridad de las discotecas. La Comunidad de Madrid fijó por ley la obligación de que estuviesen titulados, para que acreditasen su formación para poder ejercer su labor.

Según los datos que maneja, la inversión de un euro tiene unos beneficios socio-sanitarios de entre tres a cinco euros de ahorro. Ciudadanos entiende que esta actividad ha de regularse, ya que más de un 70% dependen de dinero público. Por contra, el 40% de los trabajadores no poseen titulación de actividad física y deporte.

Además, dos tercios no tienen una cualificación adecuada para su desempeño en ese servicio. Según las conclusiones que han extraído de sus entrevistas con el sector, más del 35% de los trabajadores no tienen contrato. Por ejemplo, "existe confusión entre formación formal y no formal por parte las organizaciones y eso lleva a una selección de personal inadecuada". 

La norma pretende evitar situaciones que puedan perjudicar la seguridad del consumidor o que puedan menoscabar la salud o su integridad física; garantizar la salud, educación, seguridad y beneficios sociales y, finalmente, ordenar, potenciar e impulsar el sector.

La ley define y delimita las profesiones del deporte concretando las competencias y explicando los títulos académicos. Fija un catálogo de principios y deberes e incluye políticas para la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso a las profesiones. Regula la publicidad relativa a las personas y entidades. Restringe toda publicidad de actividades sobre las que no exista evidencia de sus efectos beneficiosos.

La norma, señala Núñez, posibilita el ejercicio profesional mediante la acreditación de las competencias correspondientes. Además, en determinados supuestos, la acreditación de las competencias para el ejercicio de las profesiones, no sólo puede realizarse mediante los títulos académicos sino también a través de otras titulaciones, acreditaciones o certificados homologables.